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Edición del Miércoles, 08 de Septiembre de 2010     [ Ver edición actual ]
 
SUICIDIO O SALVACION
Argentina, ejemplo de una poderosa confusión
Fecha Publicación: Miércoles, 10 de Marzo de 2010

El Gobierno se exhibe, a menudo, como juguete pasivo de sus instintos más destructivos. La administración kirchnerista prefiere desconocer que la Constitución consagra un delicado pero efectivo balance de poderes.



El senador kirchnerista José Pampuro advirtió que “en la Argentina necesitamos tener un espacio en un ámbito en el que el Poder Ejecutivo nos instruya para poder ir destrabando tema por tema los que se vienen en la política”.
Por Pepe Eliaschev

Cuál es la esencia y dónde están los ruidos? ¿Dónde radica lo importante y en qué lugar se encuentra lo secundario? ¿Por dónde pasa la frontera entre lo importante y lo secundario? ¿Cómo identificar lo importante y diferenciarlo de lo simplemente urgente?
La Argentina de hoy es un caso testigo colosal que la convierte en ejemplo monumental de una poderosa confusión.
En este punto capital y eje determinante estriba la fatal y dominante responsabilidad de un Gobierno que a menudo se exhibe como juguete pasivo de sus instintos más destructivos.
Se sabe que el cautivo de la destructividad termina siendo rehén de ese impulso y se lo aplica a sí mismo. El Gobierno no sólo dinamita puentes y pulveriza vínculos.
Al aplicar su estrategia de tierra arrasada, vacía su cargador en sus propios pies. Se convierte en un régimen autodevaluado por su propia virulencia.
Lo acaba de implorar José Pampu-ro, el viejo médico de familia de los Duhalde, que hace más de un lustro fichó para los Kirchner.
Sus palabras recientes son inolvidables: “En la Argentina necesitamos tener un espacio en un ámbito en el que el Poder Ejecutivo nos instruya para poder ir destrabando tema por tema los que se vienen en la política”, advirtió.
El atento lector no necesita que yo le explique lo obvio, pero nótese el fraseo: “Que el Poder Ejecutivo nos instruya para poder ir destrabando...”.
El senador oficialista midió sus palabras, y aunque se ocupó de zamarrear protocolarmente a la oposición, se dirigió directamente a Cristina Kirchner, aunque ahora lo desmienta, cuando dijo “hoy parece que, en la política argentina, flexibilizarse es perder o ceder, pero en términos políticos eso es un error. Uno, para buscar el objetivo final, tiene que tender puentes intermedios”.
Su realismo fue elocuente y seco. Tiene que haber caído como un balde de agua helada en el frígido Calafate, donde volvieron a atrincherarse este fin de semana los Kirchner: “Lo que parece que está faltando en este conflicto, que ya arrastró a un presidente del Banco Central (Martín Redrado), y al Procurador (Osvaldo Guglielmi-no), y cuando podemos ahora perder a otro (Mercedes Marcó del Pont), es voluntad política para solucionarlo”.
Es imposible dudar sobre el sentido estas palabras. Pampuro sabe que la decisión política que ha faltado es la de la pareja gobernante. Más claro imposible: “Este conflicto se destraba por arriba”, avisó. ¿Entonces? “Hay que abrir una instancia superadora, alguien desde arriba, desde otra instancia debe abrir esta posibilidad, y creo que el Poder Ejecutivo puede hacerlo (...) buscar una solución y salir de esta situación”.
Sin eufemismos, pidió “coincidir con los sectores de la oposición y salir de esto”. El Gobierno prefiere desconocer que la Constitución consagra un delicado pero efectivo balance de poderes. El Congreso y los jueces se encargan de legislar y administrar justicia, una obligación que implica, de hecho y de derecho, que la gestión de un Poder Ejecutivo debe homologarse dentro de los límites que surgen de todos los poderes.
La Argentina es una república presidencial, desde luego, y no es una monarquía parlamentaria. Pero una democracia republicana no es una sa-trapía gobernada por déspotas que conviven con parlamentos decorativos.
De hecho, en Venezuela hay una Asamblea Legislativa de 167 miembros, pero carece de toda incidencia real. También Cuba tiene una llamada Asamblea Nacional del Poder Popular integrada por 611 diputados, pero Fidel y Raúl Castro son quienes gobiernan desde hace 51 años.
En la Argentina, cuando la Presi-denta se encrespa contra quienes no se acomodan a un unicato institucional que convierte al Ejecutivo en un poder sin control, alega que quieren “destituirla”.
No fue en vano que en su mensaje a ambas cámaras, el lunes 1º de marzo, recordó con significativa añoranza que el peronismo es el único partido político argentino hoy vivo que fue fundado por un general del Ejército, Perón.
“Está en nuestro ADN”, se emocionó, al advertir que los generales, claro, mandan, no deliberan.
Cuando la Presidenta dicta decretos de necesidad y urgencia alegando que su obligación es “gobernar y administrar el país”, se arropa en una semiverdad, porque el Ejecutivo puede emitir esos bandos, pero solo en situaciones extraordinarias.
No era éste el caso, ni ahora, ni en diciembre. O el Gobierno oculta algo terrible al argumentar que necesita esa montaña de dinero de manera urgente, o miente aviesamente para hacerse de un botín al que no puede manotear de modo tan visiblemente ilegal.
Se lo ha dicho ya la Justicia, de la que también se burló la señora Fernández de Kirchner, cuando ninguneó a los jueces por ser “circunstanciales”, como si su propio cargo no lo fuera: el mandato de ella termina el 10 de diciembre de 2011.
¿O terminará antes? Éste es el costado siniestro de este nuevo “incendio” argentino. El Gobierno ha vaciado de significado las amenazas de golpe y reitera su oblicua acusación de “destituyentes”. Se queja, como lo hacía Néstor Kirchner años atrás, de que una oscura y malvada conjura universal los quiere sacar del poder.
Por eso, el lenguaje catastrófico de Elisa Carrió calza a veces en el molde exacto de la contraparte oficial.
Lo que menos necesita la Argentina es que se meneen amenazas de juicio político y pedidos de renuncia.
Si, por una parte, el Poder Ejecutivo ha sido elegido para gobernar, la tarea no es concebible ni legítima si no se consuma dentro de ciertos parámetros.
Ella no puede gobernar de cualquier ma-nera. Ni siquiera los reyes europeos (Juan Carlos II de España, por ejemplo) pueden ya hacerlo de ese modo, y en la Argentina la Constitución de 1853, con todas sus reformas posteriores, incluyendo la de 1994, determina que una serie importante de acciones ejecutivas deben ser adoptadas sólo con la participación de los otros poderes.
Seguro que cuando estudiaba abogacía en La Plata antes de 1976, la entonces joven Cristina Elizabet Fernández Wilhem aprendió estas verdades centrales.
Si no las recuerda y empieza a poner en vigencia, la Argentina padecerá gratuitamente un 2010 amargo y angustiante.
Afortunadamente, se percibe que no hay clima ni aguante para aventuras. Deberán gobernar hasta el final del mandato, si es que nadie les hace antes el trabajo sucio y escupen el asado para provocar atajos envenenados que los victimizarían.

 


 

 

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